Esta crónica habla del proceso de
resistencia de la Nación indígena U´wa en contra de la apropiación de su
territorio por parte del Estado, la prolongada burocracia que omite el
reconocimiento de los derechos de la población, el conflicto armado que gira
alrededor de intereses económicos y las victorias que surgen de procesos
organizativos prolongados.
Un día de independencia
Quien
primero muerde en las carnes del indio es quien está más cerca de él
Germán
Arciniegas
Todo comenzó en el terminal de transportes de Bogotá.
La cita con Tatiana era a las 9 de la noche en el módulo azul. Me empeñé en
llegar a tiempo y para eso llamé a un taxista conocido para pedirle que hiciera
la carrera. Yo cargaba un morral grande: dos mudas de ropa además de la que
llevaba puesta y una cobija. La excitación de conocer una remota parte de
Colombia, de esas que han estado en conflicto por el uso del territorio y las
materias primas desde que se conocen, era la emoción que más prevalecía en mí a
medida que veía pasar las luces de las calles bogotanas frente a la ventana
empañada del taxi, lloviznaba en la capital.
Días antes, el Grupo de Investigación
Geoambiental - Terrae – en compañía de indígenas de la Nación U´wa y
estudiantes y profesionales de la geología, biología, ingeniería civil,
ingeniería química, ingeniería ambiental, derecho, y otras disciplinas; habíamos
elaborado un documento donde analizábamos los “Términos de Referencia” y la
“Licencia Ambiental” del Área de Perforación Exploratoria (APE) Magallanes. El
Proyecto, operado por Ecopetrol S.A. se encontraba ubicado en el corregimiento
de Samoré del municipio de Toledo, Norte de Santander y se hallaba
autorizado“ambientalmente” por medio de licencias de la Autoridad Nacional de
LicenciasAmbientales -ANLA-. Sin embargo, los U´wa, habitantes de estas tierras
desde épocas precolombinas consideraban sagrados los ríos, las montañas, los
animales, la armonía, la soberanía y la tranquilidad que el proyecto de
exploración de hidrocarburos interrumpía en el territorio.
A las 9 pm en punto llegué al terminal, a las 10:30 seguía esperando que
llegara mi compañera de viaje, la típica impuntualidad colombiana, a lo que se
puede sumar un hecho aún más normal, quien viene tarde jamás contesta su
teléfono, por supuesto ella tenía la culpa encima. Cuando vi llegar a Tatiana,
traía una gran sonrisa, como si nada pasara, “Ay que pena querido, estaba
recogiendo unas cámaras, ¡discúlpame!”. Compramos dos tiquetes hacia Saravena,
Arauca en la taquilla de la empresa Libertadores. Tiempo aproximado de
recorrido, 12 horas, costo, 85.000 pesos. La ruta que tomaríamos sería la habitual:
desde Bogotá hasta Villavicencio y después por la Avenida Marginal de la Selva,
uno de los tramos del ambicioso proyecto que busca conectar las regiones
amazónicas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. En nuestro país,
comienza al sur desde el municipio de la Uribe, en el departamento del Meta y
finaliza en el límite del Casanare y Arauca, donde continua con otros nombres y
sigue su camino hacia el norte de Arauca.
El paisaje era precioso, a pesar de lo monótono de la planicie, la carretera atravesaba transversalmente una variedad de ríos que descienden de la cordillera oriental y que traen consigo los colores de las rocas que erosionan: ríos rojos, ríos negros, ríos café, ríos verdes, ríos grises, ríos azules, ríos que nacen en los páramos y desembocan en el gran Orinoco: Guacavía, Humea, Upía, Túa, Cusiana, Unete, Charte, Cravo Sur, Tocaría, Pauto, Ariporo, Casanare, Tame y Banadía, eran algunos de las innumerables venas que llevan vida por donde riegan.
Ríos del piedemonte llanero en su cruce con la Avenida Marginal de la Selva.
El
paisaje social también ofrecía estímulos, a medida que nos alejábamos de
Bogotá, la infraestructura vial se mostraba más precaria, las vías perdían la
continuidad del pavimento y las casas se deterioraban. Al lado de la carretera
el bloque y el cemento eran reemplazados por latas, madera y materiales más
precarios para la construcción de viviendas. Junto con la disminución de la
calidad de vida de las poblaciones aumentaba la presencia del ejército: trincheras
de sacos de arena sobre la carretera, barricadas con canecas, camiones y vehículos
de guerra blindados (si, de guerra y blindados) y campamentos al lado de la vía
imprimían una atmósfera de continua incertidumbre e intranquilidad en el
ambiente.
Trincheras del Ejército Nacional
sobre la carretera.
Campamento del Ejército Nacional al lado de la
carretera. Vía Casanare - Arauca.
Controles militares sobre las vías araucanas.
Nuestro
objetivo final era el municipio de Cubará, uno de los rincones de Colombia, donde
convergen las fronteras entre el departamento de Boyacá, Norte de Santander,
Arauca y el Estado de Apure, en Venezuela. Con nosotros viajaban una periodista
del periódico El Turbión y una camarógrafa de la productora de medios
audiovisuales Kinorama, quienes registrarían la última asamblea (junio de 2014)
de una serie de muchas reuniones entre entidades del Gobierno Nacional y el
pueblo U´wa, donde se pretendía llegar a acuerdos que garantizaran la inclusión
de las opiniones de la población, no solo en temas de extracción de
hidrocarburos sino también respecto a la titulación de tierras, la
desmilitarización de la zona y la autodeterminación para administrar su propio
destino.
Murales en
las vías públicas del casco urbano del municipio de Cubará.
La
primera noche en Cubará visitamos el área circundante del pozo de perforación,
los indígenas se lo habían tomado días antes y mantenían las operaciones
detenidas. Los trabajadores y funcionarios de Ecopetrol tuvieron que abandonar
las instalaciones. El ambiente era tensionante, decenas de soldados y camiones del
ejército colombiano patrullaban permanentemente la zona. Sin embargo, alrededor
de las instalaciones del pozo Magallanes se cocinaba en comunidad, se tomaba
chicha y se recochaba con tal alegría que parecía una fiesta más que una toma.
Vista del
Pozo de perforación del APE Magallanes.
Indígenas orgullosos de aportar en el proceso de resistencia. Toma
pacífica en los alrededores del Pozo Magallanes.
A la
mañana siguiente, se reunieron indígenas de la comunidad U´wa, altos mandos
políticos del país –tomadores de decisiones en el tema agrario,
minero-energético, de salud, étnico y económico-, dirigentes de la empresa
petrolera más poderosa de Colombia (Ecopetrol) y miembros de la comunidad
académica científica. La asamblea se desarrolló en el modesto salón comunal del
pueblo, que, aunque no contaba con más de 2000 habitantes, logró reunir a la
más diversa representación indígena y a campesinos de todos los rincones del municipio
y la región; quienes mediante un consenso donde cada individuo tiene voz,
independientemente de su edad y su ocupación, tomarían las decisiones
correspondientes a sus futuras relaciones con el Gobierno colombiano.
Guardia indígena prestando vigilancia mientras esperaba la llegada de
los funcionarios del Gobierno.
El
ministro de minas y energía – Amilkar Acosta-, el presidente de Ecopetrol
-Javier Gutiérrez-, distintos entes de control, delegados del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), del Ministerio del Interior y de
Justicia, coroneles de las Fuerzas Militares y otros tantos delegados del
Gobierno fueron recibidos en el recinto para discutir el desmonte del pozo de
exploración de gas Magallanes, el cual con un costo superior a los 300 mil
millones de pesos había sido perforado en territorio ancestral U´wa. Era época
de invierno y llovía de manera abundante, algo habitual en el piedemonte
llanero. La importancia estratégica de la región merecía la atención de muchos
medios de comunicación. Sin embargo, como es común en los lejanos y olvidados
pueblos del país, solo algunos medios alternativos y una que otra cámara casera
lograron presenciar el precedente de un hecho trascendental en la historia de
los procesos populares de autonomía territorial y de oposición a las políticas
económicas del Estado.
Los
altos dirigentes habían llegado en helicóptero y un gran despliegue militar se
mantenía en máxima alerta ante cualquier eventualidad. En este sector, donde
nunca pasaba nada, no porque careciera de tiempo o espacio donde la realidad
sucediera, sino porque la cotidianidad de los días se disfrazaba de inmovilidad
permanente en las vidas de sus habitantes, la militarización repentina rompía
con la tranquilidad de la atmósfera. El municipio de Cubará se encuentra en el
extremo norte del departamento de Boyacá, en límites con Santander, Arauca,
Norte de Santander y Venezuela. La guerrilla del ELN (Ejército de Liberación
Nacional), los insurgentes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) y los paramilitares de extrema derecha se disputan el control por el
territorio, días antes, los guerrilleros habían dinamitado un tramo del
oleoducto Caño Limón-Coveñas, hecho que acrecentaba la tensión en la asamblea.
El
poder económico y militar del Estado parecía tener una insignificante
relevancia en estos aposentos, pues la autoridad dentro del salón comunal era
ejercida por los integrantes de la guardia indígena: una organización
conformada por un incluyente abanico de miembros del resguardo con edades variables
entre los 11 y quizá más de 50 años; quienes solo poseían como arma, un bastón
y un rostro con seriedad categórica, de facciones tan duras como las del más
rudo de los guerreros de terracota. La seguridad sería llevada a cabo por la
comunidad.
Antes
de iniciar la reunión, el ministro de minas entró a un cuarto del salón comunal
buscando de forma desesperada el único baño que existía para casi 150 personas.
Formó una fila inexistente que él había creado para sentirse soberano sobre el
derecho a entrar primero. Como único individuo de la línea, vigilaba con
detenimiento que nadie se interpusiera entre la puerta del baño, que se ubicaba
a menos de 1 metro y él. Pero entre los efímeros instantes de divagación mental
que caen sobre quien, encomendado por su jefe, le otorga una gran
responsabilidad, se anticipó una “mayora” (mujer de la tercera edad que posee
la sabiduría y la memoria histórica de su pueblo) y entró inmediatamente después
de que se había desocupado el baño… 6 minutos más de espera. Cuando la mayora salió,
un adolescente se adelantó sorpresivamente, ante lo cual el ministro refunfuñó
con impotencia y se propuso para sí estar esta vez más alerta. Cuando el joven
evacuó el baño, de repente un hombre de aguda viveza en el rostro y decidido
impulso se interpuso para ocuparlo una vez más. Finalmente, después de 20
minutos y varios intentos, el ministro, que con seguridad extrañaba la
comodidad de su opulento entorno, se lanzó atrevidamente y logro ingresar.
Salió
muy tranquilo, y se recostó sobre una mesa, se encontraba sólo consigo mismo,
sin escoltas, sin secretaria, sin admiradores, sin “lagartos”. Su rostro
expresaba cuestionamientos ante su entorno, como queriendo responderse el por
qué recibía tan poco respeto y reconocimiento en medio de los indígenas. Muy en
el fondo debería tener una respuesta, pues a pesar de su alta posición
directiva en el gobierno, provenía de un pueblo indígena del norte de Colombia
- los Wayüu- y mucho más que otros conocía que en la visión del mundo aborigen:
el tiempo, el espacio y las relaciones personales son concebidas de manera distinta.
La
reunión trascurrió con tensión, las partes expusieron sus argumentos. Por un
lado, el gobierno:
“Es un proyecto de desarrollo para el país. Colombia necesita gas,
garantizaremos que no vamos a generar impactos ambientales dañinos. Se
encuentra en trámite la titulación de varios de los predios que ustedes han
exigido, los programas de salud se empezarán a desarrollar pronto…”
-
En la mesa: representantes del
Ministerio del Interior, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Parques
Nacionales, Ecopetrol, Anla, entre otras entidades.
Por
otro lado, el grupo de investigadores jurídicos y científicos argumentaban de
igual manera que:
- “La
operación del Pozo Magallanes estaba generando impactos sobre el agua
superficial y subterránea del territorio ancestral U´wa. Es común que estos
pozos tuvieran fugas de gas hacia los acuíferos, contaminando los ríos y la
fuente de agua de las comunidades, afectando la sostenibilidad ambiental de la
cuenca. Adicionalmente, el auto 004/09 de la Corte Constitucional identificó el
riesgo de exterminio físico y cultural de numerosos pueblos indígenas del país
(entre ellos el pueblo U´wa), por lo que exigía a toda la institucionalidad
usar los medios necesarios para su protección y preservación”.
Finalmente, entre español y lengua U´wa tomaron la palabra hombres y
mujeres, mayores y mayoras. Por las ventanas se asomaban los curiosos que no
habían logrado entrar al salón, adentro el auditorio escuchaba atentamente:
- “Esta tierra ha sido ancestralmente nuestra madre, nuestro territorio y
nuestra fuente de vida. Están generando contaminación al rio Cubugón, él es
sagrado para nosotros. Nos han traído muchos conflictos donde antes vivíamos en
paz, nosotros siempre ponemos los muertos. No queremos extracción de gas en
nuestra tierra. Su pozo es una violación a nuestra madre, le están sacando la
sangre. Además, el gobierno no ha cumplido los compromisos de titular tierras,
de traernos salud y de retirar las fuerzas militares de nuestro territorio, nos
están matando de a poco. Llevamos varios años en reuniones y ustedes no han
hecho nada, ya no confiamos en sus actas y documentos. Queremos que se vayan y
que respeten nuestra autonomía sobre el resguardo. Y si tenemos que dar la vida
por defenderlo, lo haremos hasta el último U´wa”.
Incluso desde afuera del salón
comunal, la comunidad asistía a la reunión, asomándose por las ventanas
procuraba hacer parte de las decisiones trascendentales para su pueblo.
A 12
kilómetros de la asamblea, sobre una de las trochas del municipio, bajo una
espesa selva tropical húmeda, un grupo de hombres, mujeres y niños indígenas continuaba
ocupando las instalaciones del pozo Magallanes como método de presionar al
gobierno para cumplir los acuerdos. Desde sus improvisados cambuches vigilaban
por turnos día y noche los movimientos de cuanto ser viviente se atrevía a
irrumpir en el campamento. La toma se mantenía pacífica y se esperaban
instrucciones para continuarla o renunciar a la ocupación.
El
Gobierno quería lograr la reiniciación de las operaciones del pozo, y el
cabildo, en cambio, el desmonte y retiro de todo el aparataje petrolero. Un
acuerdo casi irreconciliable donde la dilatación perjudicaba a ambas partes. Horas
más tarde, después de largas disertaciones y diálogo persuasivo, el gobierno,
la empresa y la comunidad lograron algunos acuerdos que fueron plasmados en
largas actas, documentos que representaban la voluntad de las partes para
cumplir con los compromisos adquiridos, pero que con muchos antecedentes,
mostraban su obsoleta eficacia. El acta comprometía al gobierno y a Ecopetrol a
financiar un estudio ambiental donde se analizaría el potencial daño ambiental,
social y cultural que podía generar la extracción de gas en el territorio
ancestral zona.
Después
de la tensión y la claustrofobia acumulada por 5 horas de reunión en extremo
encierro, el ministro trataba de huir sin firmar los convenios. En la puerta,
dos obstáculos inamovibles aguardaban con celos y diligencia la única
escapatoria: un candado del tamaño de una caja de fósforos que aseguraba la
puerta, y un adolescente, de talvez 12 o 13 años, con mirada inocente, que como
administrador de la única salida, y con la imponencia de Cerbero se apoyaba con
decisión sobre una muleta que reemplazaba irremediablemente su pierna derecha amputada
desde arriba de la rodilla.
Acta de compromisos firmada entre
la Nación U´wa y el Gobierno Colombiano.
Joven de la Guardia Indígena responsable de controlar la entrada y
salida al salón comunal.
Un mes
después de esta reunión, el gobierno colombiano y Ecopetrol anunciaban desmontar
el pozo exploratorio de gas Magallanes del territorio ancestral y sagrado Kera
Chikara (ver diccionario U´wa - español). ¿Razones?, cada quien podrá argumentar la propia, pero con un poco de
objetividad se llegaría a concluir que: no era viable económicamente para Ecopetrol
cumplir con los parámetros ambientales y sociales que respetaran la existencia
armónica entre la comunidad y su entorno; y que existen visiones irreconciliables
del progreso donde el desarrollo económico no compra el buen vivir.
Noviembre de 2016
Noticias del proceso
de negociaciones entre el pueblo U´wa y el Gobierno colombiano y anuncio del desmonte
del Pozo Magallanes:
Licencia ambiental
de la ANLA por la cual se autorizaba el APE Magallanes:
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